La Confederación solicitó la convocatoria urgente del Consejo Social de la ciudad olívica, para presentar una postura común en defensa del sector.

El presidente de la CEP, JoséManuel FernándezAlvariño, agradeció la celeridad con la que se convocó al Consejo Social de Vigo para abordar la situación del sector naval en esta semana decisiva, tras la propuesta elevada con este fin desde la Confederación de Empresarios de Pontevedra.

El objetivo de esta reunión es lograr el mayor consenso posible y elevar en conjunto una petición en defensa del naval que convenza a la mayoría de comisarios europeos y logre que se desestime la actual propuesta del vicepresidente de la Comisión y actual comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, que recomienda “el reembolso de las bonificaciones fiscales que obtuvo el sector naval español” del 2005 al 2011.

Cabe recordar que el futuro de la construcción naval española depende de la decisión que sobre dicha propuesta adopten los 28 comisarios que integran la Comisión europea, el próximo 17 de julio.

Desde el punto de vista de la organización empresarial provincial, el tax lease no debe verse como una ayuda estatal directa sino como un ahorro fiscal que, en su momento, recibió la aprobación de la entonces comisaria europea de la Competencia, Neelie Kros, basándose en la ausencia de una armonización fiscal a nivel comunitario. La diferente presión fiscal existente en los países miembros justificó la aplicación de este sistema fiscal. Asimismo,la Dirección Generalde Tributos del Ministerio de Hacienda español confirmó dicho criterio de régimen fiscal especial.

La CEP advierte que si finalmente prospera la propuesta de Almunia, el sector naval privado español está condenado a desaparecer, al margen de lo que supondría la devolución de alrededor de 2.000 millones de euros, y del agravio comparativo respecto a otros estados europeos.

Desde la Confederación pontevedresa se considera fundamental que las empresas puedan adaptarse a los regímenes fiscales más favorables para el desarrollo de su actividad dentro del marco legal europeo.

Adicionalmente, la CEP apela a la jurisprudencia existente enla materia. Enel caso francés, los principios de confianza y de seguridad jurídica fueron los criterios decisivos para quela Comisión Europeadeclinase exigir la devolución de las ventajas fiscales en2006, apesar de que éstas fueron declaradas ilegales.

La industria auxiliar del sector naval español cuenta con unas 400 empresas, centradas en la construcción de barcos y embarcaciones de recreo así como en la reparación y el mantenimiento de buques, que trabajan fundamentalmente para los 19 astilleros nacionales. Todo el sector da empleo a más de 80.000 trabajadores.