El gobierno español anuncia una amnistía fiscal para defraudadores que podría beneficiar al propio Urdangarín. Montoro explica que no se trata de una amnistía: “sólo se trata de un gravamen a activos ocultos”. Según recoge la memoria económica de la Norma presentada en el Congreso de los Diputados, el ejecutivo espera aflorar 8.967 millones de euros, cantidad cercana a los 10.000 millones que recortará en Salud y Educación. Y si se conoce la cifra de activos coultos, ¿por qué no se persigue?