Las empresas públicas del Gobierno aragonés dejarán de funcionar como una “administración paralela” y, desde esta semana, quedan supeditadas al control inmediato del Ejecutivo y de sus órganos de fiscalización.

El Gobierno aragonés, que está presente en unas 100 empresas (sólo 7 de ellas son rentables), informa que endurecerá el control sobre la gestión de los directivos y altos cargos, quienes podrán ser despedidos si incumplen los planes de saneamiento financiero.